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Camino difícil para la administración de Biden, pero ligero al final del túnel

Adrián Casillas, Nathaniel Karp, Boyd Nash-Stacey BBVA



16/11/2020

Después de un ciclo electoral agotador y un año eclipsado por covid-19, parece basarse en los resultados preliminares del mapa electoral de 2020, los demócratas han volteado a la "pared azul" los estados que fueron con Trump en 2016 y crearon un amortiguador al ganar Nevada, Arizona y Georgia.

Específicamente, asumiendo que Biden mantiene sus márgenes en esos estados, habría ganado 306 votos electorales; dos más de los que el presidente pudo ganar en 2016. Además, Biden está en camino de asegurar casi el 51% del voto popular en comparación con el presidente que probablemente obtenga un poco menos del 48%, lo que implica una brecha de casi 5 millones votos.

Sin embargo, como en 2016, las encuestas preelectorales y los expertos no pudieron predecir con precisión los resultados, mientras que la participación más alta desde 1900 no logró manifestar una "ola azul" de apoyo popular demócrata.

Curiosamente, las encuestas de salida complican las narrativas asociadas con la ideología y los resultados esperados de la votación. Por ejemplo, el 62% de los votantes de Florida aprobó un aumento en el salario mínimo de $8,6 dólares a $15 dólares la hora, una idea tradicionalmente impopular entre los conservadores, a pesar de que el presidente Trump ganó el estado.

En California, se aprobó una campaña de $ 200 millones de dólares para clasificar a los conductores y servicios de entrega basados en aplicaciones como contratistas independientes en lugar de empleados; una medida laboral regresiva que obtuvo un margen del 17% en un estado que otorgó a Joe Biden una supermayoría de sus votos.

Si bien los demócratas tuvieron una pérdida en la Cámara, ganaron al menos un escaño en el Senado. Tal como están las cosas, los demócratas deben ganar ambos escaños en las elecciones especiales de Georgia en enero, o tener un resultado sorpresa en Carolina del Norte o Alaska según las tendencias actuales, para obtener el control del Senado. De lo contrario, los republicanos mantendrán el control y representarán un gran obstáculo para la agenda progresista de la nueva administración.

Aunque los resultados entrantes sugieren que el margen de voto electoral de Biden puede no ser trivial, el presidente Trump y el Partido Republicano han señalado que no planean ceder, lo que implica que la incertidumbre seguirá siendo alta, a medida que avancen los desafíos legales y los recuentos. Según FairVote, de 4,687 elecciones estatales entre 2000 y 2015, hubo 27 recuentos, de los cuales 15 fueron consecuentes y en 3 ocasiones los resultados se revirtieron. En otras palabras, la probabilidad de que el resultado de una elección se invierta después de los resultados iniciales es inferior al 0,07%.

A nivel presidencial, los relatos son inusuales, pero no sin precedentes. En 2016, Wisconsin y Nevada llevaron a cabo un recuento, luego de que Trump venciera a Clinton por más de 20 mil votos en Wisconsin y Clinton venciera a Trump por 27 mil en Nevada. Tras el recuento los resultados cambiaron en 131 en el primero y menos de 10 en el segundo. En Florida y Michigan se mantuvieron los resultados originales.

En términos de impugnaciones legales presidenciales, en 2000, el vicepresidente Gore impugnó los resultados del recuento de votos de Florida, que tenía el poder de determinar la presidencia. Después de una serie de impugnaciones legales, la Corte Suprema decidió que contar las inconsistencias en los condados violaría los derechos de los votantes y, por lo tanto, sería inconstitucional y requeriría un recuento uniforme. Sin embargo, el tiempo estipulado constitucionalmente para completar la votación, el primer lunes después del segundo miércoles, no era factible y también sería inconstitucional, poniendo fin de manera efectiva a la posibilidad de un recuento justo.

Sin una señal clara del electorado de un deseo por una “Ola Azul” y con las proyecciones actuales que sugieren un gobierno dividido, la probabilidad de un paquete fiscal importante en la sesión del ‘pato cojo’ es remota.

Dicho esto, seguimos esperando un modesto apoyo fiscal en 2021 de alrededor de $ 500 mil millones de dólares a $1 billón en el 1T21, que sigue siendo parte de nuestro escenario base, lo que implica que no hay cambios importantes en nuestra perspectiva a mediano plazo dados los resultados de las elecciones.

La otra gran incertidumbre se relaciona con cómo el equipo de Biden podrá prepararse para la transición con las elecciones en juego y con un riesgo elevado de desaceleración económica en medio de los crecientes casos de covid-19. Esto puede requerir un apoyo fiscal inmediato, si la economía ha de alcanzar una senda autosuficiente y evitar las cicatrices económicas duraderas y dañinas que Estados Unidos ha podido evitar en gran medida hasta este momento.

En términos de la respuesta al covid-19, las acciones legislativas o ejecutivas relacionadas son las que tienen más probabilidades de ocurrir en los primeros 100 días, pero la escala y el alcance siguen siendo inciertos dada la composición del Congreso y la falta de apetito y capacidad para imponer medidas fiscales adicionales. estímulo.

No obstante, Biden ha dicho que dependerá más de los expertos en salud pública y mejorará la transparencia y la información sobre el virus. Si la pandemia continúa ejerciendo presiones a la baja sobre la recuperación, ambas partes pueden estar dispuestas a llegar a un acuerdo sobre un estímulo fiscal limitado a corto plazo para al menos apoyar al sector de la salud y las industrias que han sido golpeadas por la pandemia. Agregar ayuda a los estados pondría a prueba la capacidad de Biden para negociar, aunque la cantidad también sería significativamente menor que la que los demócratas han puesto sobre la mesa en los últimos meses.

Aunque algunos aspectos de la agenda de la administración entrante están alineados con las prioridades de los votantes, las soluciones siguen divididas. La atención médica sigue siendo un tema prioritario para la mayoría de los votantes, seguido por el empleo y la economía, el cambio climático y los derechos civiles y las libertades civiles. Además, los votantes favorecen el gasto público en infraestructura y el cambio climático, un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados y la fijación de las relaciones raciales en la policía.

Sin embargo, aunque la mayoría de los votantes apoyan el libre comercio para promover los intereses de Estados Unidos en el exterior, siguen siendo escépticos sobre los acuerdos comerciales multilaterales y apoyan las medidas para desincentivar a las empresas estadounidenses a trasladar sus operaciones a países extranjeros.

Como resultado, el enfoque más probable para abordar estos problemas será a través de órdenes ejecutivas, un enfoque que ha ganado popularidad entre los presidentes recientes que enfrentan obstáculos legislativos insuperables y altos niveles de polarización.

Restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales sería viable al principio de la administración, dado que gran parte de la autoridad recae en el presidente. Biden pide a Estados Unidos que “lidere el mundo” y es un firme partidario de la diplomacia y el desarrollo.

La agenda apunta a que Estados Unidos se reincorpore al Acuerdo Climático de París, restaure el financiamiento a la OMS, presione a China sobre las emisiones de carbono y los derechos humanos, desarrolle un plan integral para apoyar el crecimiento económico en Centroamérica, fortalezca la cooperación con las democracias occidentales, entrar en el acuerdo nuclear con Irán y adoptar una postura dura con Rusia y Corea del Norte. Además, dado el fuerte sesgo proteccionista dentro de los demócratas, unirse al TPP parece una posibilidad remota, al menos a corto plazo.

Restablecer DACA y deshacer las medidas de inmigración más impopulares implementadas durante la administración Trump también tienen una mayor probabilidad de que ocurra. Sin embargo, estas acciones no alcanzarían el listón alto de las reformas estructurales propuestas en el pasado por grupos bipartidistas como la "Banda de los Ocho".

Además, podría haber apoyo bipartidista para cerrar las lagunas fiscales sobre las ganancias extranjeras, comprar provisiones estadounidenses, reducir los precios de los medicamentos recetados y los cambios regulatorios en el sector tecnológico.

Por el contrario, con el Partido Republicano en control del Senado, el plan fiscal de Biden y las reformas estructurales dirigidas a viviendas asequibles, salario mínimo, sindicatos, quiebras y regulación ambiental estarán muertas a su llegada. Sin embargo, Biden podría prohibir la producción de petróleo en tierras federales y utilizar la Ley de Aire Limpio para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Aunque ambas partes coinciden en la necesidad de invertir en infraestructura, apoyar a las pequeñas empresas e impulsar la innovación, hay poco acuerdo sobre cómo pagarlo y cuáles serían las principales prioridades. Además, la sostenibilidad seguirá siendo un enfoque de la administración, ya sea a través de una orden ejecutiva o una coordinación multilateral.

Sin embargo, el Green New Deal promovido por el ala progresista del partido Demócrata será difícil de avanzar en el Congreso con el alto nivel de polarización y división en Washington a pesar de que la mayoría de los votantes cree que abordar el cambio climático es un objetivo importante. Una vez más, esto pondría a prueba la capacidad de Biden para cruzar el pasillo.

Aunque es poco probable, si los demócratas logran la mayoría en el Senado, existe la posibilidad de que puedan eliminar el obstruccionismo, allanando el camino para una agenda más amplia, expansiva y progresista, con el potencial de reformas de gran alcance en salud, inmigración, trabajo, energía, vivienda, educación y otras áreas.

Si bien es controvertido, este camino podría tener un impacto positivo en las condiciones de la oferta y la demanda si se estructura de manera que mejore el compromiso y la productividad en el mercado laboral, al tiempo que se evitan regulaciones, subsidios y fricciones innecesarios que podrían disuadir a las personas de trabajar y a las empresas a invertir. Pero incluso en el mejor de los casos, muchas de estas reformas no tendrían un impacto significativo en el PIB potencial a corto plazo.

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