26/11/2021
Hace
unos días, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, firmó un plan que destinará
1.2 billones de dólares a la infraestructura de su país. Esto será positivo
para la economía estadounidense porque, asumiendo una correcta implementación,
contribuirá a aumentar la tasa de crecimiento económico hacia delante. Se trata
de un programa que construirá nuevos puertos, carreteras, presas, aeropuertos,
transportes públicos y puentes. Además, se mejorará la infraestructura
existente, destacando la ferroviaria en la que hace décadas la inversión ha
sido mínima y que se está muy rezagada frente a la europea y la japonesa.
Todo
esto permitirá un tránsito de personas y mercancías más eficiente, lo cual
aumentará la eficiencia y competitividad de la economía. Por otra parte, el
programa contempla la inversión en infraestructura del futuro: se potenciarán
las redes de autobuses urbanos eléctricos, las estaciones de carga para
automóviles eléctricos y se transitará hacia fuentes de electricidad más
limpias, como las eólicas y solares. Con el objetivo de disminuir la emisión de
gases efecto invernadero en el marco de una política de sostenibilidad.
En
adición, se invertirá en la red de banda ancha para dar cobertura de internet
de alta velocidad a todos los ciudadanos, lo cual hará que la economía
estadounidense sea más competitiva en la era digital y, crucialmente, ayudará a
combatir la desigualdad al procurar reducir la brecha digital.
En
resumen, el plan, me parece, se traducirá en un mayor crecimiento, una mejor
política ambiental y en menor desigualdad.
Hay a
quienes les preocupan los efectos de un programa de tal magnitud en términos de
la sostenibilidad de la deuda pública y la generación de presiones
inflacionarias. Creo que estas preocupaciones son exageradas por tres razones.
La
primera radica en el tamaño y horizonte de implementación. El monto previsto
equivale al 5 por ciento del PIB actual y se distribuirá a lo largo de 10 años.
En promedio, implicará financiar cada año no más de medio punto de PIB en
adición a lo que ya se invierte, lo cual no supone ningún riesgo en términos de
sostenibilidad de deuda.
En este
sentido, se trata de un plan más modesto que el programa de infraestructura
conocido como New Deal impulsado por el presidente Roosevelt en el periodo de
entreguerras y que - por cierto - resultó en una etapa de alto crecimiento
económico sin inflación.
La
segunda es que se puede financiar en un entorno de tasas de interés muy bajas.
Hoy las tasas de interés de corto plazo están en niveles cercanos a cero
mientras que las de los bonos gubernamentales a 10 años están en 1.6%. Si
asumimos una tasa de inflación promedio de 2% en la siguiente década (hay muchos
quienes creen que será bastante mayor, lo cual refuerza el punto), el programa
se puede financiar a tasas reales negativas.
Tercero,
si en efecto contribuye a aumentar la productividad, resultará en mayor
crecimiento y, por tanto, en mayor recaudación fiscal, lo cual contribuirá a
financiar parcialmente el plan.
Por lo
anterior, creo que se trata de una política económica acertada, y que incluso
el monto podría haber sido más ambicioso.
México
debería comenzar a planear un programa de infraestructura potente.
Primero,
porque, después de décadas de subinversión, el estado de nuestra
infraestructura es lamentable.
Segundo,
porque no lograremos aprovechar las ventajas competitivas de estar insertados
en cadenas de valor con la economía más grande del mundo sin contar con una
mejor infraestructura. No se podrá explotar el potencial para exportar a
Estados Unidos y hacia el Pacífico sin mejores carreteras, trenes y puertos.
Tercero,
porque la infraestructura puede ayudar a reducir la desigualdad y aumentar la
movilidad social: hoy en día, las escuelas, hospitales y la cobertura de
internet son malos e insuficientes.
Cuarto,
porque es posible implementar un programa importante, de unos 4 o 5 puntos del
PIB y financiarlo a largo plazo sin poner en riesgo la trayectoria de la deuda
pública, sobre todo si se acompaña de anuncios de reformas fiscales que puedan
aumentar la recaudación.
Lamentablemente
el país no está listo para un plan así, pues ello requiere un portafolio de
proyectos con estudios de viabilidad y de retornos financieros y sociales listos
a ser implementados, basados en criterios técnicos y no políticos. Se debería
comenzar por ahí.
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