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La
corrupción representa para los ciudadanos un costo de 7 mil 218 millones de pesos y para las empresas de
1 mil 611 millones de pesos, problema que para el gobierno es prioritario
combatir, de ahí que el Inegi y el Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) trabajarán coordinados para aprovechar los indicadores
sobre el tema y que se pueda actuar para prevenir y sancionar hechos de corrupción.
En 2017,
la corrupción afectó directamente a 14.6 por ciento de la población adulta, que
experimentó algún acto de corrupción al estar en contacto con algún servidor
público, y a 5.6 por ciento de los establecimientos que en 2016 fueron víctimas
de corrupción.
Por
ello, el Inegi, el Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y el Comité de
Participación acordaron colaborar en el combate a la corrupción, a través de la
generación de información estadística de calidad para el diagnóstico,
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
orientadas a atender el problema de la corrupción en México y, en particular, sustenten
las estrategias que proponga el SNA.
Adrián
Franco Barrios, Vicepresidente del Inegi encargado del Subsistema Nacional de
Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, presentó
la información estadística e indicadores que permiten enfocar estratégicamente
el combate a la corrupción en las entidades del país, así como los talleres que
realizará para capacitar a los profesionales del SNA y de los Sistemas
Estatales Anticorrupción en el uso y explotación de información estadística del
Instituto en materia anticorrupción.
Por su
parte, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana del SNA, José
Octavio López Presa, habló sobre la estrategia y compromisos del SNA. Destacó
el hecho de impulsar a que los sistemas estatales se enfoquen en bajar los
índices de corrupción.
Se diseñarán
mediciones que consideren el nivel de independencia e imparcialidad de las
instituciones que conforman el SNA, las políticas que implementen y los
resultados que generen.
Además,
se espera fortalecer las capacidades institucionales mediante la formación de servidores
públicos mejor capacitados en materia de prevención, monitoreo y combate a este
fenómeno.
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