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15/10/2019

Diputados piden a Fiscalía investigar exfuncionarios panistas por corrupción



Verónica López Suárez


El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, presentó un exhorto para que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, investigue a funcionarios de anteriores administraciones estatales y municipales, incluido el exgobernador Antonio Gali Fayad.

El legislador de Morena argumentó que no se puede permitir que la impunidad prevalezca cuando la ciudadanía fue víctima de rapiña, por lo que consideró necesario abrir un proceso de investigación para revisar y en su caso sancionar desvío de recursos públicos.

Dijo que, aunque Puebla recibe un presupuesto anual de casi 100 mil millones de pesos se mantiene como uno de los estados más pobres del país, de tal manera que pidió investigar actos de corrupción en administraciones pasadas.

En la sesión pública ordinaria, también se refirió al exsecretario de Salud, Jorge Aguilar Chedraui; al actual senador panista Roberto Moya Clemente, quien fue secretario de Finanzas y Administración; al exsecretario de la Contraloría, Eukid Castañón Herrera; al extitular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), Pablo Rodríguez Regordosa; al extitular de Desarrollo Rural, Rodrigo Riestra Piña; al exsubsecretario de Transporte,  Alberto Vivas Arroyo; Mario Riestra Piña excandidato al Senado por la coalición "Por Puebla al Frente; al exsecretario de Educación Pública (SEP) Jorge Benito Cruz Bermúdez y el exgobernador José Antonio Gali Fayad.

El exhorto fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y resolución.

12 años de cárcel por robo de celulares

En otro punto de la sesión, la legisladora por el Partido Encuentro Social (PES) Mónica Lara Chávez propuso reformas al Código Penal del Estado para que se castigue con seis a doce años de cárcel a quien robe teléfonos celulares, computadoras portátiles o tabletas electrónicas.

La iniciativa establece sanciones a quienes vendan o adquieran dispositivos robados con cinco años de prisión y penas económicas a quien extraiga información de los dispositivos.

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