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Prohibir
la subcontratación agudizará el deterioro del mercado laboral, aumentará la
informalidad y repercutirá en el desarrollo económico del estado, es preferible
que se regule para frenar los abusos que puedan cometerse, coincidieron representantes
del sector empresarial.
Ante la
iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para
modificar diversas disposiciones de Ley Federal del Trabajo con el propósito de
prohibir la subcontratación, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, dijo que el sector productivo está a
favor de que se cumplan las leyes laborales y se castigue a quienes abusan de
esta práctica; sin embargo, consideró que hay empresas que generan empleos
formales, cumplen con sus obligaciones fiscales y aportan a la actividad
económica del país.
“Hay
outsourcing que cumple con todos los protocolos, empresas que cumplen su
función como debe en cuanto a la administración de las nóminas. A nivel
nacional hay empresas que se han dedicado a defraudar y por unos pagamos todos,
pero hay empresas formalmente establecidas”.
El
dirigente del CCE en el estado aseguró que algunas empresas adheridas al
organismo al que representa recurren a la subcontratación legal, incluso, con
beneficios adicionales para los trabajadores.
“En el
sector empresarial organizado que represento hay algunas empresas que usan esta
figura, pero siempre cumpliendo con todo lo establecido para no incurrir en
algún delito. Hay trabajadores con muchos beneficios, las empresas manejan en
sus nóminas para los trabajadores beneficios adicionales, además del seguro
social, tienen seguro de vida, gastos médicos mayores, créditos adicionales y
en muchos casos el que gana es el trabajador”.
Dijo que,
ante un momento delicado en la economía a causa de la emergencia sanitaria por
coronavirus, se necesita que la contratación y la apertura de empresas sea más
flexible y no eliminar una figura que agudizará la creación de empleo.
En lo
anterior coincidió el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo
(Canaco), Marco Antonio Prósperi Calderón al señalar que esta modalidad
utilizada en el sector privado, también se practica en instancias públicas,
donde debe vigilarse la contratación.
Explicó
que los organismos empresariales a con sus representaciones nacionales buscan a
través del diálogo replantear la propuesta para no afectar el empleo.
“El
gobierno también emplea mucho outsourcing, es una forma de generar fuentes de
empleo. Si lo quitamos de tajo el tema de la pérdida será peor de lo que está”.
De
acuerdo con datos de los Censos Económicos 2019 del Inegi, en Puebla se tiene registro de 127 mil 737 personas
empleadas con esta modalidad, la mayoría en industrias manufactureras, comercio
y servicios.
Olga
Méndez Juárez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados (Canirac) calificó como “radical” la propuesta del
gobierno federal al querer eliminar esta figura, ya que repercutirá en toda la
cadena económica productiva del país.
“Hay
outsourcing que se hace de forma legal y quitarlo eliminaría muchas cosas que
se están haciendo. El hecho de que se etiquete que todo es ilegal y que todos
evaden impuestos o que evaden las prestaciones de los trabajadores, creo que
hay que analizarla”, señaló.
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